La fuerza pública habría cometido violencia de género, violencias sexuales y por prejuicio contra la población civil, también en alianza con grupos paramilitares

La JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad en el Subcaso 2 del Macrocaso 11 y reconoció la persecución contra personas LGBTIQ+ en Montes de María. Entre las víctimas acreditadas se encuentra el sujeto de reparación colectiva de El Carmen de Bolívar, representado por Caribe Afirmativo.


17 noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer los hallazgos del Subcaso 2 del Macrocaso 11, que investiga la violencia sexual, violencia de género y violencia por prejuicio cometida contra la población civil por integrantes de la fuerza pública en el marco del conflicto armado colombiano. La investigación documentó hechos, patrones de macrocriminalidad y sus afectaciones, y estableció que estas agresiones no fueron episodios aislados, sino que respondieron a patrones de violencia relacionados con las dinámicas del conflicto.


A partir del análisis de los hechos y las pruebas disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó dos patrones de macrocriminalidad. El primero corresponde a ataques contra la población civil bajo justificaciones contrainsurgentes, cometidos directamente por integrantes de la fuerza pública o en alianza con grupos paramilitares. En estos ataques, las violencias basadas en género hicieron parte de las agresiones contra personas y comunidades señaladas de tener vínculos con la insurgencia.


El segundo patrón identifica el uso de las violencias basadas en género como mecanismos de apropiación, castigo y disciplinamiento, facilitados por la presencia y el dominio territorial de integrantes de la fuerza pública. Estas prácticas buscaron controlar los cuerpos, imponer normas sobre los comportamientos y las expresiones de género, y castigar a quienes se apartaban de los órdenes sociales establecidos por los actores armados.


El Carmen de Bolívar: la persecución contra un colectivo LGBTIQ+
Uno de los hallazgos más importantes de esta decisión para Caribe Afirmativo es el reconocimiento del sujeto colectivo de personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas de El Carmen de Bolívar, representado por nuestra organización.


La investigación documentó hechos ocurridos entre 1993 y 2011, principalmente en El Carmen de Bolívar, en los que integrantes de la fuerza pública, directamente o en connivencia con grupos paramilitares, habrían ejercido violencias sexuales y por prejuicio contra personas LGBTIQ+. La JEP encontró que estas agresiones estuvieron relacionadas con la visibilidad que el colectivo había alcanzado en el municipio, especialmente desde finales de los años noventa, cuando comenzó a ocupar el parque central como espacio de encuentro, expresión pública y reconocimiento de su diversidad sexual y de género.


La Policía identificaba a quienes se reunían en estos espacios y los citaba bajo amenazas a las trincheras de la plaza central o a la estación policial para castigarlos por sus supuestas transgresiones al orden. Las agresiones también se extendieron a otros lugares y estuvieron acompañadas de insultos, amenazas y actos de violencia sexual. La información aportada por Caribe Afirmativo permitió a la JEP establecer elementos relevantes sobre el conocimiento que tenían los comandantes de estas situaciones y la reiteración de las violencias en determinados lugares y horarios.


La Sala reconoció que la persecución no estuvo dirigida únicamente contra personas de manera individual. También buscó expulsar al colectivo del territorio, quebrar sus espacios de encuentro, debilitar sus redes de afecto y cuidado, fracturar sus familias elegidas y silenciar sus formas de organización y memoria. En otras palabras, la violencia pretendió restringir la posibilidad de que las personas LGBTIQ+ existieran y participaran libremente en la vida pública y comunitaria de El Carmen de Bolívar.


Un reconocimiento que también es resultado de la lucha de las víctimas
Para Caribe Afirmativo, esta decisión representa un avance fundamental en la búsqueda de verdad, justicia y reconocimiento de las violencias que han vivido las personas LGBTIQ+ durante el conflicto armado. Nuestra organización ha acompañado a las víctimas de este subcaso, ha contribuido a documentar sus experiencias y ha impulsado, ante la justicia transicional, el reconocimiento de la persecución por prejuicio y de los daños individuales y colectivos que estas violencias produjeron.


Que la JEP reconozca al colectivo de El Carmen de Bolívar como víctima colectiva y examine cómo la violencia buscó destruir sus vínculos, espacios de encuentro y formas de resistencia es especialmente significativo. Permite comprender que la persecución contra las personas LGBTIQ+ no se limitó a agresiones individuales: también buscó borrar su presencia del territorio y desarticular sus proyectos de vida comunitaria.


Este reconocimiento también pone en el centro la persistencia y la resistencia de quienes, a pesar de las amenazas y la violencia, han defendido su derecho a existir, encontrarse y construir comunidad. La Sala reconoce que la continuidad de este colectivo y su lucha por el ejercicio pleno de sus derechos constituyen una expresión de valentía y resistencia que contribuye a una sociedad más plural e igualitaria.


La decisión identifica, además, crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos la violación sexual, la esclavitud sexual, la tortura, el homicidio y la persecución por motivos de género. La Sala llamó a 18 integrantes del Ejército y la Policía a reconocer responsabilidad individual por hechos concretos relacionados con los patrones identificados.
Desde Caribe Afirmativo insistimos en que nombrar estas violencias, reconocer a quienes las padecieron y establecer las responsabilidades de quienes las hicieron posibles es indispensable para avanzar hacia una justicia que comprenda la dimensión individual y colectiva de los daños. Las personas LGBTIQ+ también fueron víctimas del conflicto armado y sus historias, resistencias y exigencias de justicia deben ocupar un lugar central en la construcción de verdad y en las garantías de no repetición.

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