La JEP reconoce la persecución por prejuicio contra personas LGBTIQ+ en el conflicto armado
10 de noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del Caso 11, Subcaso 01, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las antiguas FARC-EP por violencias sexuales, de género y por prejuicio cometidas contra la población civil. Entre los hallazgos de la investigación, la Jurisdicción identificó un patrón de persecución contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, reconociendo que estas violencias hicieron parte de las dinámicas del conflicto armado y no fueron hechos aislados.
La investigación documentó cómo las antiguas FARC-EP ejercieron distintas formas de violencia para castigar, corregir, expulsar e incluso eliminar a quienes no se ajustaban a las normas que la guerrilla imponía sobre los cuerpos, las identidades y los comportamientos de hombres y mujeres. Estas prácticas buscaron controlar las formas de existir, relacionarse y habitar los territorios de las personas LGBTIQ+.
Entre los hechos documentados se encuentra el ocurrido el 8 de marzo de 1996, en el centro poblado de La Reforma, en Cartagena del Chairá (Caquetá). Ese día, mientras celebraba el Día de la Mujer, una persona con orientación sexual e identidad de género diversa fue interceptada por integrantes del Frente 14 de las antiguas FARC-EP, entre ellos Fabián Ramírez Cabrera, compareciente del Bloque Sur. La víctima fue agredida física y sexualmente y amenazada de muerte debido a su orientación sexual e identidad de género. La intervención de la comunidad evitó que la agresión tuviera consecuencias aún más graves. Sin embargo, después de recibir atención médica y permanecer varios días en un puesto de salud, tuvo que abandonar forzadamente su territorio.
Otro de los patrones identificados ocurrió en Saravena, donde varias mujeres lesbianas fueron amenazadas por su orientación sexual y recibieron un ultimátum de 24 horas para abandonar el departamento. A través de panfletos, llamadas, mensajes de texto y amenazas directas, se buscó estigmatizarlas, impedir sus encuentros y destruir sus redes de apoyo. Estas acciones no solo pretendían expulsar a determinadas personas, sino también generar miedo entre otras personas LGBTIQ+ y restringir sus posibilidades de construir vínculos, organizarse y vivir libremente en sus territorios.
La imputación se construyó a partir de los relatos de 743 víctimas acreditadas y 80 informes presentados por organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. Estos elementos permitieron identificar que la persecución por prejuicio respondió a prácticas sistemáticas de violencia que dejaron afectaciones en los cuerpos, los proyectos de vida, las familias y las comunidades.
Desde Caribe Afirmativo reconocemos la importancia de esta decisión para las víctimas LGBTIQ+ que durante años han exigido verdad, justicia y reconocimiento. Nombrar la persecución por prejuicio permite comprender que las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas fueron utilizadas como motivo para ejercer violencias, imponer normas y controlar la vida de las personas en el marco del conflicto armado.
Este reconocimiento representa un paso fundamental para avanzar en la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, reconocer las violencias específicas que enfrentaron y garantizar que sus experiencias hagan parte de la memoria del conflicto armado colombiano.
