En menos de tres meses, el gobierno de ADLE ha activado varios frentes y acciones que están dejando sin oxígeno los derechos de las personas sexo-género diversas en la región. Su proyecto político es la patria de la homofobia y esta firma con el desprecio hacia la diversidad sexual y de género.

23 de octubre de 2026. Tres decisiones en los últimos días han sellado con claridad y contundencia que el proyecto político que nos gobierna busca desmontar los derechos de las personas LGBTIQ+ como política de Estado: su discurso del pasado 11 de octubre, declarando la guerra a “la cultura woke” y amenazando con que nadie de su gobierno estará al servicio de las “ideologías de género”; el acto belicista y provocador de la ministra de Cultura de desmontar las obras referentes a la historia del movimiento LGBTIQ+ del Museo Nacional por ser “apología al delito” y no tener que ver con la memoria histórica del país; y la designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, cartera responsable de la política y el derecho y único lugar donde, en el actual gobierno, reposan las acciones para personas sexo-género diversas, con la Mesa de Casos Urgentes. Este ministro ha dedicado su vida a perseguir sistemáticamente a las personas en razón de su diversidad sexual y de género y a usar los cargos públicos para limitar derechos. En los tres casos, además, hay un lugar común: son desastres del gobierno anterior y una amenaza para el bienestar social.

Los resultados que estamos conociendo este domingo de las elecciones en Brasil generan un punto de inflexión en la región. Lo que hace diez años se veía como una acción excepcional de la extrema derecha, con el triunfo de Jair Bolsonaro en la presidencia de ese país, se posicionó como un freno al crecimiento que en la región tenía la política social con gobiernos progresistas que, luego de décadas de oligarquías, ponían en el centro de la democracia su mayor virtud: la llegada de gobiernos como el de los Kirchner en Argentina, Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay, Bachelet en Chile, Morales en Bolivia, Ollanta en Perú, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela y, más recientemente, Andrés Manuel López en México y Petro en Colombia. Más allá de sus subjetividades y de que cada uno de ellos, leídos desde sus contextos políticos, da cuenta de avances, retrocesos, errores y desaciertos, fueron gobiernos que en sus periodos se destacaron por liberar el espacio cívico de su privatización y poner el acento de la inversión del Estado en políticas sociales. Agendas como la reducción de la pobreza, la reforma agraria y el transporte público fueron, entre otras, agendas que fortalecieron en las dos últimas décadas a los sujetos políticos que ya venían en un proceso de empoderamiento, fruto de la gran cohesión y movilización que caracteriza la acción colectiva de la región.

En el marco de este escenario, el movimiento LGBTIQ+ de la región también vivió una primavera: la consolidación de las agendas de incidencia, la consolidación de la acción colectiva, el florecimiento de organizaciones y acciones grupales, la presencia en espacios culturales y políticos y las acciones de exigibilidad fueron materializando acciones afirmativas, políticas públicas, participación en cargos de elección popular y el posicionamiento de la agenda en acciones más allá del colectivo. Significaron la aparición de las primeras leyes antidiscriminación, de matrimonio igualitario, adopción homoparental y protección de las personas trans y no binarias. Todo este ejercicio de agenciamiento, en este contexto de gobiernos en disputa de política social, logró que el movimiento se leyera como actor político y que nuestras agendas se convirtieran en hojas de ruta para concretar la mayor vocación de la democracia: garantizar la igualdad.

Esto significó que el interés de desmonte de la democracia que representa la política de extrema derecha, que ha estado en crecimiento en la región en los últimos meses, signifique también la suspensión de los derechos humanos para las personas LGBTIQ+. Con la nominación de que las agendas de derechos sexuales y derechos reproductivos y los derechos de las personas sexualmente diversas son acciones ideológicas, se activa el desmonte con tres advertencias peligrosas: a) que su existencia pone en riesgo el núcleo básico de la sociedad, que es la familia; b) que no son derechos, sino privilegios, y que corren el riesgo de propagar esa forma de vida; y c) que son de alto costo económico para el Estado y que deben ser recursos que se inviertan en otras agendas de sociedad. Acciones infundadas que, finalmente, asumen la estrategia de que serán gobiernos y proyectos políticos que limitarán derechos y que despojarán al Estado de su principal tarea: ser social de derecho.

El desmonte arranca con la creación de información engañosa que se posiciona de manera emotiva en los sectores sociales, activando un populismo emocional que hace que las personas LGBTIQ+ y sus luchas nos postulen como los nuevos enemigos de la sociedad; que, en la medida en que nos reconocen derechos, pierde un sector de la sociedad; que se dé el rango de monstruosidad a las enunciaciones identitarias; que se pongan en entredicho los intereses de la acción colectiva; que se ponga en la picota pública el sostenimiento de las organizaciones sociales; y que se pongan en tela de juicio el activismo y sus demandas.

Luego se instrumentaliza el poder de cohesión de las experiencias de fe, con el uso del dogmatismo para impedir cualquier intento de diálogo social, vaciando la posibilidad de que las personas sexo-género diversas se lean como personas creyentes y dotándolas de todo lo contrario: enemigas de los dispositivos de religión, desconociendo su laicidad y el respeto que debe demandar la religión como un asunto de la libertad de cada persona.

Vinculan a sus proyectos políticos a los líderes de los sectores que en la región lideran el desmonte de derechos, empresas de incidencia con altísima financiación, quienes en los últimos años han mudado su interés a las instituciones democráticas, buscando aprobar leyes para echar atrás derechos, reformar instituciones para romper compromisos con la justicia social, reducir el gasto, corregir documentos, dejar de usar el lenguaje no sexista y limitar cualquier acción del Estado para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+.

Todo esto genera tres reacciones en la ciudadanía: miedo de las personas sexo-género diversas, que ven que su vida corre peligro y que ya no es posible vivir en estos países un proyecto de vida en dignidad y libertad; envalentonamiento de los actores violentos, que ven en estas decisiones políticas fundamento para afectar física, verbal y simbólicamente a las personas LGBTIQ+; y el aumento de la indiferencia social y la complicidad, que se denota en las reacciones de validez y justificación frente a los actos de violencia.

Toda esta estrategia la engloba la política neofascista en lo que ha llamado cruzada contra la cultura woke, que no es otra cosa que justificar con argumentos políticos el arrebatar derechos a los grupos históricamente excluidos. Acción que, además, se disfraza de cultura, como para naturalizar la animadversión que se antecede de la afirmación «guerra», para dejar constancia de que se impondrá por la fuerza y que generará afectación. Así, la derecha busca cumplir su cometido: poner fin a las libertades y limitar los intereses identitarios como condición de la ciudadanía plena. Así, el Estado desmarca su responsabilidad de garantizar derechos y difumina las demandas de bienestar en privilegios de clase.

Como dice Francisco Cortés, para estos gobiernos antigénero, porque su mayor interés es desmontar las luchas de género, lo woke se ha convertido en una etiqueta sin significado, que sirve para justificar el racismo, la homofobia, la transfobia y el clasismo. Por eso, este término ha sido asumido por los líderes de la ultraderecha —como el presidente ADLE— como epíteto contra las izquierdas, un grito de guerra reaccionario contra el progresismo en su conjunto.

Wilson Castañeda Castro

Director

Caribe Afirmativo