Es urgente que este gobierno, respetando el Estado social de Derecho y reconociendo que los derechos humanos no pueden tener retrocesos, asuma un compromiso con la protección y las garantías de vida digna para las personas sexo-género diversas.

09 de agosto de 2026. Abelardo de la Espriella, presidente actual de Colombia por el nuevo movimiento político Defensores de la Patria, manifestó en la campaña política expresiones de desprecio hacia los derechos de las personas LGBTIQ+ y asumió, en términos discursivos, una propuesta de modelo de país donde no hay espacio para la diversidad sexual y de género. Todo lo contrario, la enunció como una amenaza a la sociedad y, bajo el uso de la expresión “ideología de género”, redujo la urgencia de garantizar la vida digna a pretensiones individuales sin soporte legal o constitucional. Ello se vio reflejado en sus posiciones sobre la adopción homoparental; aunque afirma respetar la decisión de la Corte Constitucional de 2015, ha manifestado disposición a respaldar a quienes busquen revisar el tema por vías constitucionales; en su defensa de la “familia tradicional” como base de la sociedad, argumentando que “un niño necesita un padre y una madre”, deja por fuera a las familias homoparentales; ha expresado posiciones contrarias al matrimonio igualitario y se ha alineado con sectores que buscan debatir derechos ya adquiridos; frente a la educación sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, ha prometido sacar la “ideología de género” de las escuelas, entre otras banderas que levantó en época de campaña.

Al ir conociendo la composición de su equipo de trabajo, preocupa la llegada de personas que históricamente han liderado la oposición a los derechos de las personas sexo-género diversas a cargos de poder, como Carlos Alonso Lucio en la Comisión de Empalme, Vivian Morales en la cartera de Educación, Omar Bula Escobar en Relaciones Exteriores y Paola Holguín en Cultura, entre otros. Pues, si bien son funcionarios de gran destacamento, los cargos que ocuparán les dan la posibilidad de poner en riesgo nuestros derechos: un empalme en función de acciones de fe, una educación sin teoría crítica y retornando a lo confesional, una cultura que desconoce los aportes del movimiento social y unas relaciones internacionales que ponen en jaque compromisos como la política exterior feminista y la copresidencia de la Coalición por los Derechos de las Personas LGBTIQ+. A eso se suma la creación del cargo de asesor para asuntos de “nuevas narrativas”, en cabeza de Enrique Serrano López, bajo lo que ha llamado una “batalla cultural contra las agendas de izquierda e imponer una agenda de país sobre conceptos como familia tradicional y moralidad pública que traduzcan las acciones del nuevo gobierno en argumentos sólidos y la defensa de los valores tradicionales”.

Sumado a eso, las permanentes invocaciones a principios religiosos con eventos, nombramientos y declaraciones dogmáticas nos generan una profunda preocupación, pues, si bien hay que respetar las espiritualidades y quien gobierna tiene el derecho legítimo de invocar su fe, este es un Estado no confesional y la fuerza de su acción radica en el pueblo que lo eligió y no en las apuestas religiosas. Usar los asuntos religiosos para la gobernabilidad en la democracia no solo es un riesgo que las mismas iglesias han denunciado, pues se termina poniendo la fe, que es una experiencia personal vivida en comunidad, como una expresión normativa de imposición que, por su ausencia de acción reflexiva y crítica, termina llevándonos a expresiones de absolutismo, de actuar por la imposición y no por la convicción, y darle a los gobernantes un halo de divinidad que les lleva a justificar sus excesos y abusos en el poder divino, que precisamente hicieron a la modernidad abandonar la teocracia como expresión de gobernabilidad.

El ascenso de los símbolos militares, como saludar con la mano en la frente, que aplican en serie todos los que adhieren a ese proyecto político, así como los estribillos de mando castrense que priorizan la patria como figura patriarcal y jerárquica sobre la República colectiva y pública, pone en riesgo la civilidad propia del proceso electoral que le llevó a ganar la Presidencia y que le obliga a ampliar, en el ejercicio de su cargo, un proyecto político donde todas las personas del país tengan cabida. La Constitución de 1991, en el artículo 188, es clara en su mandato de que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, y para ello debe promover símbolos de acogida que integren a la ciudadanía y no de imposición que generen miedo.

Ya en funciones y entendiendo que este es un Estado social de Derecho, que la misma Carta Política rechaza la discriminación, implora acciones afirmativas para grupos poblacionales históricamente excluidos y consagra el libre desarrollo de la personalidad, tiene el presidente ADLE diez compromisos que, de no materializarlos en los próximos días, confirmarán que su gobierno no será garante para los derechos de las personas LGBTIQ+:

1. Manifestar públicamente el respeto y reconocimiento a los derechos humanos, materializando acciones para hacerlos realidad.
2. Incluir en su discusión y postulación del Plan de Desarrollo acciones, objetivos e indicadores concretos para la garantía de la dignidad humana y el acceso efectivo a los derechos de las personas LGBTIQ+.
3. Desusar las narrativas como “ideología de género” para deslegitimar la exigibilidad de ciudadanía plena de las personas sexo-género diversas.
4. Garantizar en los ministerios y en los entes del Estado la capacidad de respuesta institucional del gobierno a la atención de las personas LGBTIQ+.
5. Exigir a su equipo de trabajo que no imponga sus creencias religiosas o principios confesionales a la garantía de los derechos humanos, la activación de acciones afirmativas y las políticas que transformen los prejuicios en garantías de derechos.
6. Dar cumplimiento a la implementación de la política pública y CONPES LGBTIQ+.
7. Mantener y consolidar la política exterior feminista, la copresidencia de las ERC y el cumplimiento de la resolución Mujeres, Paz y Seguridad.
8. Cesar los mensajes contradictorios que dan a entender que puede usar su poder presidencial para poner en jaque derechos adquiridos como el matrimonio, la adopción homoparental o la protección constitucional a personas trans y no binarias.
9. Asumir un compromiso concreto en resolver la violencia sistemática que tiene la vida de las personas sexo-género diversas en permanente riesgo y activar políticas que solucionen las causas estructurales del continuum de esas violencias.
10. Pedir a su bancada y mandar mensajes de urgencia al Congreso para avanzar en materia de leyes para proteger la vida de las personas LGBTIQ+.

Este gobierno apenas comienza y la incertidumbre que nos generó en campaña de ser una propuesta política homofóbica y transfóbica tiene la oportunidad, en este inicio de su periodo, de exorcizar esas posiciones y, tal como lo era hace diez años atrás cuando era un abogado aliado a las agendas LGBTIQ+, hoy ponga al servicio presidencial la consolidación de la ciudadanía plena. Colombia en particular y el mundo en general no pueden permitirse que los salvadores de la patria y los alfiles de la política sigan construyendo narrativas mesiánicas, poniendo atrás los derechos humanos, con prácticas neofascistas que hacen del odio la política de Estado y priorizan la economía sobre la dignidad humana. Este gobierno tiene la posibilidad de ser la excepción o confirmar que la derecha es enemiga de los derechos humanos.

Wilson Castañeda Castro

Director

Caribe Afirmativo