A un mes del nuevo gobierno, aún no es claro cuál será su compromiso con los derechos de las personas LGBTIQ; lo que sí se ha evidenciado es la llegada de funcionarios que se han destacado por perseguir a las personas LGBTIQ+.
07 de septiembre de 2026. En un momento decisivo para Colombia y la región, a casi una década de la firma del Acuerdo Final de Paz, persisten importantes brechas entre los avances normativos alcanzados y su implementación efectiva en los territorios. Las víctimas continúan enfrentando obstáculos para acceder a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, mientras que liderazgos sociales, organizaciones comunitarias, mujeres y personas LGBTIQ+ siguen expuestos a múltiples formas de violencia y exclusión.
El periodo de gobierno comprendido entre 2022 y 2026 representó una etapa de transición para la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Durante estos cuatro años coexistieron avances institucionales sin precedentes en materia de reconocimiento, representación política y formulación de políticas públicas con la persistencia de profundas brechas en la garantía efectiva de derechos, particularmente en los territorios afectados por el conflicto armado, la presencia de estructuras criminales y la débil capacidad institucional del Estado.
Este escenario confirma una paradoja ampliamente identificada por el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2026): Colombia constituye uno de los países con mayores avances normativos y jurisprudenciales en materia de derechos de las personas LGBTIQ+, pero dichos desarrollos aún no logran traducirse en una protección efectiva de los derechos humanos ni en una reducción sustancial de las violencias y la discriminación que enfrentan estas poblaciones. La distancia entre el reconocimiento jurídico y la garantía material continúa siendo uno de los principales desafíos del Estado colombiano.
Uno de los principales avances del cuatrienio fue la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad y del Viceministerio para las Diversidades, así como la incorporación de las agendas LGBTIQ+ dentro de la estructura gubernamental. No obstante, la implementación de esta nueva institucionalidad estuvo marcada por importantes dificultades operativas y administrativas. El Ministerio registró bajos niveles de ejecución presupuestal durante buena parte del periodo y un cumplimiento limitado de varias de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, reduciendo significativamente su capacidad para transformar las decisiones políticas en resultados concretos para las comunidades.
A estas limitaciones se sumaron cuestionamientos internos derivados de denuncias por presuntas violencias basadas en género y violencias laborales que afectaron a personas trans vinculadas al propio Viceministerio para las Diversidades. Estos hechos evidenciaron debilidades institucionales en la prevención, atención y sanción de las violencias dentro de una entidad creada precisamente para promover la igualdad y la no discriminación. En materia de política pública, uno de los principales hitos fue la adopción del CONPES 4147, primer documento de política nacional dirigido específicamente a garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Su expedición constituye un avance significativo al establecer una hoja de ruta intersectorial para reducir las brechas de discriminación y exclusión.
Sin embargo, el CONPES enfrenta importantes limitaciones estructurales: su implementación depende de la capacidad y voluntad de las entidades responsables, posee escasos mecanismos de exigibilidad y seguimiento vinculante, y enfrenta enormes retos de territorialización en municipios con limitada capacidad institucional y en regiones donde persisten economías ilegales y control armado.
En el ámbito de la protección, el Ministerio de Igualdad impulsó la estrategia SALVIA, orientada a fortalecer la respuesta institucional frente a las violencias basadas en género contra mujeres y personas LGBTIQ+. Aunque representa un avance en términos de articulación institucional y construcción de rutas de atención, su cobertura territorial, disponibilidad presupuestal y sostenibilidad continúan siendo insuficientes para responder a la magnitud de las violencias registradas en el país.
En contraste con estos avances institucionales, el comportamiento de los indicadores de violencia evidencia que la protección efectiva continúa siendo una deuda del Estado. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, entre 2022 y 2025 persistieron patrones sistemáticos de violencia por prejuicio, homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, violencia policial y restricciones al ejercicio de derechos, particularmente contra mujeres trans, hombres gays, personas no binarias y liderazgos LGBTIQ+ en territorios con presencia de actores armados.
Entre 2022 y 2025, la organización documentó 793 de asesinatos de personas LGBTIQ+, más 5000 amenazas y un incremento sostenido de las agresiones contra personas con experiencias de vida trans (Caribe Afirmativo, 2026), confirmando que la violencia motivada por prejuicio continúa siendo un fenómeno estructural y no episodios aislados. Este comportamiento evidencia que el fortalecimiento institucional aún no se ha traducido en una disminución sostenida de las violencias.
El cuatrienio también deja un balance ambivalente en materia legislativa. Durante este periodo se impulsaron iniciativas históricas como la Ley “Nada que Curar”, orientada a prohibir las denominadas prácticas de “conversión” o ECOSIEG, y la Ley Integral Trans, destinada a garantizar el reconocimiento y protección integral de las personas trans en Colombia.
Ambas iniciativas respondían a demandas históricas del movimiento social y contaban con amplio respaldo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin embargo, pese al respaldo discursivo expresado por distintos sectores del Gobierno, no existió una estrategia política suficientemente sólida para asegurar su trámite y aprobación en el Congreso. Las dificultades de articulación con las mayorías legislativas, sumadas a la creciente polarización política y a la oposición de sectores conservadores, condujeron a reiterados aplazamientos y al estancamiento de ambas reformas, dejando pendientes dos de las principales deudas normativas del periodo.
En materia de acceso a la justicia, el desempeño de las instituciones encargadas de la investigación, vigilancia y protección de los derechos humanos presentó avances limitados. La Fiscalía General de la Nación fortaleció progresivamente el reconocimiento de la violencia por prejuicio dentro de sus discursos institucionales y desarrolló algunos procesos de capacitación y lineamientos técnicos; sin embargo, continúan siendo reducidos los avances en el esclarecimiento de homicidios, amenazas y otras violencias contra personas LGBTIQ+, persisten problemas en el registro de la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas y aún no existe una respuesta suficientemente especializada frente a estos delitos.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación incrementó su actividad preventiva mediante directivas, seguimiento a políticas públicas y pronunciamientos orientados a promover el enfoque diferencial en las actuaciones disciplinarias y administrativas. No obstante, su capacidad de incidencia para corregir las fallas estructurales de las entidades territoriales y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales continúa siendo limitada.
La Defensoría del Pueblo consolidó una mayor visibilidad de las afectaciones que enfrentan las personas LGBTIQ+ mediante alertas tempranas, informes y acciones de acompañamiento territorial. Sin embargo, las capacidades institucionales de respuesta siguen siendo insuficientes frente al incremento de las violencias en regiones bajo control de grupos armados, donde las medidas de prevención y protección continúan enfrentando importantes restricciones operativas.
Sin embargo, estos avances coexistieron con una baja capacidad de ejecución institucional, limitaciones presupuestales, escaso avance legislativo en reformas estructurales y una persistencia de la violencia por prejuicio que demuestra que Colombia continúa enfrentando una brecha significativa entre el reconocimiento formal de los derechos y su garantía efectiva. El principal desafío para el próximo gobierno consistirá en cerrar esa brecha mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional, la territorialización de las políticas públicas, el acceso efectivo a la justicia y la implementación de mecanismos de protección que respondan a las realidades de las personas LGBTIQ+ en los territorios.
La inclusión discursiva y la asignación de recursos fiscales en el nivel central no se traducen automáticamente en un goce efectivo de derechos en la periferia profunda del país, donde la ley del actor armado ilegal continúa rigiendo la cotidianidad de las poblaciones. Para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y definir la agenda institucional del próximo ciclo gubernamental, se plantean las siguientes recomendaciones estructurales:
La respuesta institucional que esperamos se instale en el Estado, más allá de quien nos gobierna, requiere, como mínimo, los siguientes elementos: Mantener la incorporación de variables diferenciales pertinentes. La orientación sexual, identidad y expresión de género deben poder ser consideradas cuando resulten relevantes para comprender la exposición al riesgo, siempre bajo principios de necesidad, confidencialidad, consentimiento y protección de datos.
Incorporar la capacidad institucional como variable de riesgo. Un mismo nivel de amenaza puede producir consecuencias diferentes dependiendo de la presencia institucional, la disponibilidad de rutas de protección, la capacidad de respuesta y la confianza de las personas en las instituciones.
Proteger a quienes proporcionan información. La identificación del riesgo nunca debe convertirse en una nueva fuente de exposición. Los protocolos deben garantizar confidencialidad, consentimiento informado, tratamiento adecuado de información sensible y medidas de protección cuando sea necesario.
Reconocer la agencia de las personas y organizaciones. Las personas LGBTIQ+ y sus organizaciones no deben ser representadas únicamente como sujetos vulnerables. Sus estrategias de autoprotección, organización, resistencia y construcción comunitaria constituyen capacidades que pueden fortalecer las respuestas institucionales y deben ser incorporadas en los análisis territoriales.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo
