12 de noviembre de 2026. En las últimas semanas, en el país se ha desarrollado una conversación alrededor del ejercicio del trabajo sexual que ha llamado la atención de medios de comunicación y de diversos sectores de la sociedad civil, entre esos el sector LGBTIQ+. Esta conversación pública se originó en el marco de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la ciudad de Medellín, donde uno de los concejales propuso la prohibición del trabajo sexual en el espacio público como una medida para combatir el accionar de grupos criminales en el territorio. Luego de debates y de acciones por parte de trabajadoras sexuales, movimientos feministas y organizaciones sociales, el proyecto de actualización del POT fue finalmente ajustado y aprobado, siendo varias las preocupaciones y reflexiones que deja. 

Desde Caribe Afirmativo consideramos fundamental revisar de cerca las implicaciones del discurso utilizado por parte de la institucionalidad y los riesgos que puedan derivarse de las medidas propuestas para las vidas de las personas LGBTIQ+, en especial las personas trans que ejercen el trabajo sexual en el territorio. Asimismo, es fundamental poner en el centro las necesidades de quienes ejercen el trabajo sexual y en el rol que tiene el Estado en prevenir problemáticas como la explotación sexual o el control de grupos criminales a través de la generación de condiciones estructurales que ofrezcan oportunidades de desarrollar una vida digna a través de la educación, el trabajo, la salud, la cultura y el deporte. 

El intento de control estatal sobre el trabajo sexual no ocurre en un vacío y tiene un impacto en el uso del espacio público y en la seguridad física de las corporalidades que habitan la marginalidad. La propuesta de prohibir el ejercicio del trabajo sexual, que en el documento final se ha descrito como una prohibición de las acciones sexuales en el espacio público, sugiere riesgos para quienes desarrollan esta actividad económica. Particularmente porque deja al juicio de los agentes de la fuerza pública decidir quiénes incumplen o no con la normatividad. En ese sentido, consideramos que se podrían estar vulnerando decisiones jurisprudenciales clave la Sentencia T-594/16 de la Corte Constitucional, la cual prohíbe explícitamente el uso del poder de policía para perseguir o expulsar desproporcionadamente a las trabajadoras sexuales de las zonas urbanas.

En este contexto, consideramos que existe un riesgo inminente de que las mujeres con experiencia de vida trans sean estigmatizadas y criminalizadas por ocupar el espacio público y esta preocupación no es injustificada. Las violencias que ellas enfrentan en la calle y la persecución institucional que ha sido ampliamente documentada por organizaciones como ésta, hacen parte de un continuum de despojo social, afectivo y económico que da cuenta de la transfobia estructural e institucionalizada. 

Tradicionalmente, la calle no solo ha sido el escenario del trabajo sexual frente a la exclusión laboral en nuestro país, sino también un espacio de resistencia y construcción de comunidad. Cuando el Estado intenta intervenir en esta labor bajo lógicas de control y sin el cuidado suficiente, puede terminar generando dinámicas de profilaxis social y gentrificación moral. La presencia trans en el espacio urbano pasa a ser leída bajo la sospecha del incumplimiento de la norma, violentando el derecho a la ciudad enunciado por Henri Lefebvre y respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre personas LGBTI (2015). Esta mirada podría terminar justificando el despliegue de arbitrariedad policial, vulnerando el principio de no discriminación y la garantía de la seguridad para poblaciones de especial protección constitucional.

Este tipo de medidas y los relatos institucionales que las acompañan conllevan el riesgo de escalar las violencias directas al activar procesos de pánico moral en la ciudadanía. Como ha advertido la Corte Constitucional (Sentencia T-068/21), los discursos estatales no son neutros: cuando el debate público encuadra el trabajo sexual como un foco de degradación urbana, la narrativa oficial transfiere un aval implícito a la intolerancia social. Esto legitima la acción de sectores conservadores, redes de comerciantes o brigadas vecinales que ejercen violencia por mano propia, persecución y expulsión territorial. De este modo, la violencia institucional se articula con la violencia comunitaria y podría incrementar la exposición a transfeminicidios e impunidad en el espacio público.

Por otro lado, es necesario reconocer que las mujeres trans enfrentan barreras estructurales de acceso al empleo formal, asociadas a la discriminación por identidad de género, la exclusión educativa, la estigmatización y las dificultades para acceder a oportunidades laborales en condiciones de igualdad. Por lo que desplazar o restringir su actividad económica sin garantizar alternativas reales puede profundizar su precarización, aumentar su exposición a las violencias y limitar sus posibilidades de subsistencia.

Es necesario avanzar hacia una estrategia que contemple: el desarrollo de habilidades y conocimientos para el trabajo, el fortalecimiento de emprendimientos mediante capital semilla, asistencia técnica, educación financiera y acompañamiento comercial; el acceso a mercados y circuitos de comercialización; la generación de oportunidades de empleo digno e inclusivo; y la implementación de espacios seguros y concertados para quienes continúan ejerciendo el trabajo sexual.

Desde un enfoque de derechos humanos y de medios de vida, las respuestas institucionales no deben centrarse únicamente en restringir o prohibir la presencia de las trabajadoras sexuales en el espacio público, sino en garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de sus actividades económicas, proteger sus fuentes de ingreso y fortalecer sus capacidades productivas. Esto implica generar espacios de trabajo seguros, concertados y libres de violencias, así como promover alternativas de generación de ingresos que respondan a sus capacidades, intereses y realidades socioeconómicas.

Las alternativas económicas deben construirse a partir de las capacidades, intereses y decisiones de las propias mujeres, sin imponer el abandono del trabajo sexual como condición para acceder a la oferta institucional. El objetivo no puede ser únicamente que las mujeres “sobrevivan” o “sustituyan” una fuente de ingresos por otra igualmente inestable, sino que puedan consolidar medios de vida sostenibles, diversificar sus ingresos, fortalecer sus capacidades y acceder a condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad y autonomía.

A partir de lo anterior consideramos importante resaltar que el ordenamiento territorial no puede convertirse en una herramienta para estigmatizar, excluir y poner en riesgo a ciertos sectores de la sociedad. Colombia como un Estado social de derecho tiene una responsabilidad en la garantía de condiciones de igualdad y dignidad para las personas. Por ello, al abordar temas como el trabajo sexual sería importante hacerlo además a través de políticas de inclusión económica de largo plazo, con recursos, seguimiento y acompañamiento efectivo, que trascienda las intervenciones asistencialistas y garantice transformaciones reales en las condiciones de vida de estas mujeres.