07 de septiembre. Treinta días pueden parecer poco tiempo para evaluar un gobierno, pero pueden ser suficientes para reconocer hacia dónde quiere caminar un proyecto político.
La llamada Patria Milagro llegó al poder prometiendo transformación, orden y recuperación, sin embargo, cuando se observan sus primeros treinta días desde la perspectiva de los derechos humanos, aparece una imagen menos milagrosa: una sucesión de decisiones, nombramientos y discursos que parecen tener un hilo conductor. No se trata solamente de gobernar, se trata de disputar el significado mismo de la sociedad que se quiere construir. Y allí aparece una palabra que conviene tomar en serio: batalla cultural.
Porque una batalla cultural no comienza cuando se cambia una ley. Comienza mucho antes: cuando se decide qué palabras pueden utilizarse, qué identidades son reconocidas, qué conocimientos son legítimos, qué familias merecen protección, qué cuerpos son considerados normales y cuáles son presentados como una amenaza.
En estos primeros treinta días, el Gobierno y algunos de sus principales aliados han dado suficientes señales para entender que la batalla cultural no es una consigna marginal, por el contrario, es parte de su proyecto político.
El milagro comienza por cambiar las palabras
La disputa por el lenguaje no es un asunto menor. En educación, por ejemplo, el nuevo Gobierno ha instalado la idea de que hablar de género, sexualidad e identidad en las escuelas puede constituir una forma de “adoctrinamiento”. Antes incluso de la posesión presidencial, Camilo Noguera Pardo, hoy viceministro de Educación, sostenía que las narrativas y enfoques de género se promovían y enquistaban en colegios y universidades mediante las políticas de Educación Sexual Integral. A su vez, la primera dama, Ana Lucía Pineda, había anunciado que uno de los propósitos de un eventual gobierno de su esposo sería “volver a Dios a las escuelas y sacar la ideología de género”.
Después han las decisiones institucionales, la ministra de Cultura, Paola Holguín, anunció que su cartera buscaría derrumbar lo que denomina “narrativas de género” y reemplazarlas por otras que tengan a la familia en el centro. La ministra de Educación, Viviane Morales, promovió una revisión de textos escolares y contenidos académicos bajo la idea de “depurar” la ideología de género de las aulas y defendió la necesidad de devolver a Dios un lugar central en la educación.
El lenguaje comienza entonces a funcionar como una frontera.
Ya no se habla simplemente de educación sexual: se habla de adoctrinamiento. Ya no se habla de reconocimiento de las diversidades: se habla de ideología. Ya no se habla de derechos: se habla de imposición.
Y esta transformación es políticamente poderosa porque convierte aquello que debería ser materia de deliberación democrática en una supuesta amenaza contra la sociedad.
La batalla cultural necesita un enemigo
Toda batalla necesita un adversario.
El nombramiento de Enrique Serrano López como asesor presidencial para desarrollar los principios de la “batalla cultural” ofrece una señal explícita. El propio presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que “la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas” y ha planteado la necesidad de convertir sus convicciones en argumentos y defender sus valores. La pregunta, entonces, no es solamente cuáles son esos valores, sino ¿quién aparece como amenaza para esos valores?
Durante estos primeros treinta días, la respuesta empieza a construirse alrededor de las personas LGBTIQ+, las agendas de género, los derechos sexuales y reproductivos, determinados contenidos educativos, las organizaciones sociales y, en general, cualquier expresión política que cuestione una concepción tradicional de familia, género o autoridad.
El problema es que esta construcción no ocurre únicamente mediante argumentos, también aparecen recursos retóricos conocidos: generalización, estigmatización, patologización, falsa dicotomía, esencialismo biológico y, en algunos casos, conspirativismo. Luego entonces, se construye así una amenaza donde antes había ciudadanía.
Una pareja del mismo sexo deja de ser una familia y pasa a ser presentada como un riesgo para la infancia. Una política de educación sexual deja de ser una herramienta para garantizar información y prevención y se convierte en supuesto mecanismo de adoctrinamiento. Una persona trans deja de ser reconocida en su identidad y comienza a ser representada como una amenaza para otras personas.
No es casual: la batalla cultural necesita convertir los derechos de unos en el supuesto peligro de otros.
El problema no es solamente lo que se dice, es lo que comienza a hacerse
Una narrativa política adquiere verdadera capacidad de transformación cuando consigue instalarse en las instituciones -y en consecuencia, en la sociedad-, y eso es precisamente lo que genera mayor preocupación.
En el Congreso, una bancada autodenominada provida, integrada por sectores de ultraderecha y aliados del Gobierno, radicó proyectos dirigidos contra derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, incluyendo iniciativas para prohibir el aborto y modificar el reconocimiento de derechos relacionados con la identidad de género. En paralelo, integrantes del Congreso han sostenido que en establecimientos educativos se induce a los estudiantes a la homosexualidad.
En el Ministerio de Salud también se han presentado solicitudes para suspender disposiciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, mientras se cuestionan directrices que buscan evitar barreras para el acceso a servicios relacionados con la afirmación de género.
Y en la política exterior aparecen otras señales: el nombramiento de Omar Bula como canciller genera preocupación por sus antecedentes de declaraciones estigmatizantes contra personas y organizaciones, particularmente cuando desde esa posición deberá participar en compromisos internacionales relacionados con derechos humanos, igualdad, política exterior feminista y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.
El nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA profundiza las alertas, su trayectoria como procurador estuvo marcada, entre otros asuntos, por su oposición a medidas relacionadas con el matrimonio igualitario y por su cuestionamiento al Acuerdo de Paz desde una perspectiva que vinculaba sus compromisos en materia de diversidad sexual y de género con la llamada “ideología de género”.
No son hechos aislados, son piezas de una misma arquitectura.
Cuando la tecnocracia pierde frente a la batalla cultural
Quizás uno de los episodios que mejor sintetiza esta tensión ocurrió alrededor del Departamento Nacional de Planeación. Carlos Eduardo Sepúlveda había sido anunciado para dirigir el DNP y, apenas 48 horas después, el Gobierno reversó su decisión y designó a Julián Buitrago. Versiones periodísticas señalaron que sectores ultraconservadores habrían cuestionado su llegada por su orientación sexual, su familia homoparental o su vinculación con el gobierno anterior.
Si estas versiones son ciertas, el episodio resulta revelador por una razón que va más allá de un nombramiento.
La batalla cultural habría derrotado a la tecnocracia. Es decir: una discusión sobre las capacidades de una persona para dirigir una de las instituciones más importantes de la planeación estatal habría quedado atravesada por una disputa sobre quién puede representar legítimamente al Estado y qué tipo de familia puede formar parte de sus élites dirigentes.
Ese es precisamente el momento en que la batalla cultural deja de ser retórica y comienza a ordenar el poder.
El lenguaje también puede borrar
Hay decisiones que parecen pequeñas, pero que dicen mucho sobre el proyecto político. Una de ellas, ocurrió en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ordenó dejar de utilizar la palabra “niña” y privilegiar las expresiones “niñez” o “niños”, bajo el argumento de que estas últimas ya incluyen a las niñas. También ordenó retirar un mural realizado años atrás por niñas y niños que denunciaba el asesinato de una niña en Bogotá.
Puede parecer un asunto administrativo, pero NO lo es. Cuando un Estado decide qué palabras pueden nombrar a las personas, también decide qué experiencias merecen ser visibles. Y cuando la desaparición simbólica de las niñas coincide con una agenda política que insiste en devolver a la familia tradicional, a la religión y a determinados roles de género un lugar privilegiado, la discusión deja de ser lingüística a ser política. Porque nombrar es reconocer y borrar también puede ser una forma de poder.
El “milagro” que se construye sobre el regreso
Una presentación socializada por el Gobierno ante embajadas y agencias de cooperación internacional permite mirar con mayor claridad hacia dónde apunta esta arquitectura. El documento organiza sus apuestas alrededor de distintos “milagros” y, entre ellos, aparecen alertas relacionadas con el llamado “milagro de la vida”, asociado a la intención de revertir la interrupción voluntaria del embarazo, y el “milagro del saber”, relacionado con sacar la denominada “ideología de género” de las aulas.
Aquí la metáfora adquiere todo su sentido.
Porque detrás del lenguaje de la restauración hay una pregunta política fundamental: ¿Qué pasado se quiere restaurar?
El documento de base del Plan Nacional de Desarrollo contiene tres propuestas que, consideradas conjuntamente, configuran una orientación restrictiva en materia de derechos sexuales, reproductivos y de igualdad familiar: “revivir” la prohibición de adopción para parejas del mismo sexo, “sacar la ideología de género de las aulas” y “revertir el aborto”. La primera constituye una afectación directa a la igualdad jurídica de las familias homoparentales; la segunda deslegitima contenidos relacionados con género y diversidad; y la tercera representa una alerta frente a los derechos sexuales y reproductivos.
Tres medidas, tres campos distintos pero una misma dirección: Familia, Educación y Cuerpo.
Entre este panorama hay una contradicción que no debería pasar inadvertida, las violencias no esperan. Si, así como se lee, mientras las instituciones discuten cómo restringir el lenguaje, los derechos y el reconocimiento de las personas LGBTIQ+, la violencia contra ellas continúa. A la fecha del corte analizado, han sido asesinadas 44 personas LGBTIQ+ en Colombia, 20 de ellas mujeres trans, que representan el 45 % de los casos registrados en este balance.
Esto debería obligarnos a cambiar la pregunta, puesto que el debate no puede ser solamente si existe o no una supuesta “ideología de género”. El debate debería ser qué está haciendo el Estado para proteger las vidas de quienes siguen siendo asesinados por ser quienes son, porque mientras algunos discursos presentan la exigibilidad de derechos como una amenaza, para muchas personas LGBTIQ+ esa exigibilidad no es una agenda ideológica, es todo lo contrario, es una cuestión de supervivencia.
Treinta días son suficientes para encender una alarma
Los primeros treinta días no permiten saberlo todo sobre un Gobierno, pero sí permiten identificar señales y están son preocupantes:
Una concepción particular de familia aparece como horizonte moral. La religión comienza a ocupar un lugar central en el discurso sobre educación y valores públicos. Los derechos sexuales y reproductivos son presentados como asuntos susceptibles de reversión. La diversidad sexual y de género aparece reiteradamente como amenaza. Las políticas educativas sobre género y sexualidad son señaladas como adoctrinamiento. Y las organizaciones sociales pueden ser presentadas como actores sospechosos o desestabilizadores.
Al mismo tiempo, la llamada batalla cultural comienza a ocupar espacios que deberían estar regidos primordialmente por criterios de garantía de derechos, conocimiento, capacidad técnica e interés público. Esto no significa que cualquier Gobierno esté obligado a compartir una determinada visión ideológica, significa algo más básico: ninguna mayoría política puede convertir sus convicciones morales particulares en una medida para determinar quién merece derechos.
La democracia no consiste en que una mayoría imponga su forma de vida a las minorías, Cconsiste, precisamente, en construir reglas que permitan que personas distintas puedan vivir dignamente bajo un mismo Estado.
Quizás por eso la discusión más importante de estos primeros treinta días no sea si la Patria Milagro cumplió o no sus promesas, es otra: ¿Qué tipo de ciudadanía quiere producir? Porque una batalla cultural no solamente busca ganar elecciones, vusca cambiar aquello que una sociedad considera normal, aceptable y deseable.
Y allí es donde debemos prestar atención, cuando una identidad es presentada como amenaza, cuando una familia es presentada como desviación, cuando la educación sobre diversidad es presentada como adoctrinamiento, cuando el reconocimiento de derechos es presentado como privilegio y cuando la igualdad comienza a ser descrita como imposición, se está haciendo algo más profundo que formular una opinión. Se está construyendo un sentido común.
He allí la verdadera batalla: la disputa en el terreno de las ideas. No para imponer una nueva ortodoxia, sino para defender algo que debería ser innegociable en una democracia: la dignidad humana no puede depender de que una persona encaje en el modelo de familia, género, sexualidad, religión o ciudadanía que el poder de turno considere correcto.
La batalla cultural no debe asustarnos, debe obligarnos a participar. A producir argumentos. A defender los derechos con evidencia. A desmontar las falsedades sin renunciar a la pedagogía. A recuperar el valor de las instituciones. A recordar que los derechos humanos no son una concesión del Gobierno, sino límites al poder.
Treinta días después de la llegada de la llamada Patria Milagro, quizá sea demasiado pronto para hablar de un fracaso de gobierno, pero no es demasiado pronto para hablar de una alarma democrática, porque algunos milagros, cuando se observan de cerca, pueden parecerse demasiado a un regreso al pasado. Y si este es apenas el comienzo, la sociedad colombiana tendrá que decidir qué quiere defender antes de que otros decidan por ella.
No hay milagro cuando para unos pocos significa volver atrás y para otros significa perder derechos.
Hay, simplemente, una patria en disputa.
