Mientras el gobierno saliente consolidó la mayor arquitectura institucional para la diversidad sexual y de género en la historia del país, la violencia por prejuicio persistió y varias reformas estructurales quedaron pendientes. Para Caribe Afirmativo, el principal reto del gobierno de Abelardo de la Espriella será garantizar que los derechos conquistados no retrocedan.
5 de agosto de 2026. El gobierno del presidente Gustavo Petro concluye dejando un balance complejo para los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Durante los últimos cuatro años se produjo el mayor desarrollo institucional que haya tenido el país en materia de reconocimiento de la diversidad sexual y de género; sin embargo, ese avance convivió con la persistencia de la violencia por prejuicio, las dificultades para implementar las políticas públicas en los territorios y la falta de aprobación de reformas legislativas que el movimiento social ha reclamado durante años.
Para Caribe Afirmativo, el legado del cuatrienio debe analizarse desde una doble perspectiva: reconocer los avances que fortalecieron la acción del Estado, sin desconocer que miles de personas LGBTIQ+ continuaron enfrentando discriminación, amenazas, desplazamientos y asesinatos, especialmente en los territorios donde el conflicto armado y el control de estructuras ilegales siguen determinando la vida cotidiana.
Un inventario de avances que transformó la institucionalidad
El gobierno saliente deja instalada una arquitectura institucional que no existía hace cuatro años y que constituye un punto de partida para la garantía de derechos de las personas LGBTIQ+.
Entre los principales avances se encuentra la expedición del CONPES 4147 de 2025, la primera Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, que establece una hoja de ruta intersectorial para reducir las brechas de discriminación y exclusión. A ello se suma la creación del Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, mediante el Decreto 1311 de 2026, así como la expedición de la Directiva Presidencial 02 de 2026, orientada a fortalecer los mecanismos de prevención y atención integral frente a las violencias y actos de discriminación contra esta población.
Durante este periodo también se diseñaron programas específicos para garantizar los derechos de personas indígenas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras LGBTIQ+, producto de procesos de concertación con organizaciones étnicas. Paralelamente, cientos de personas y organizaciones accedieron a programas de garantía de derechos relacionados con salud, educación, trabajo e inclusión social.
En el sector salud se alcanzaron algunos de los desarrollos técnicos más importantes de los últimos años. Destaca la formulación de la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans en Colombia, un instrumento basado en evidencia científica para orientar la atención integral en salud, así como los lineamientos dirigidos a eliminar las barreras de acceso que históricamente han enfrentado las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
En materia laboral se consolidaron acciones para combatir la discriminación en el empleo mediante la creación del Grupo Élite de Inspectoras Laborales para la Equidad de Género, la expedición de lineamientos técnicos para garantizar espacios laborales libres de discriminación y la implementación de la estrategia nacional “Trabajo Incluyente es Trabajo Decente”, dirigida a promover la empleabilidad de personas LGBTIQ+.
El Ministerio del Interior fortaleció la articulación con las organizaciones sociales, creó el Grupo de Género y Diversidad como instancia permanente dentro del sector y consolidó la Mesa de Casos Urgentes LGBTIQ+ como mecanismo de respuesta frente a graves violaciones de derechos humanos. Por su parte, el Ministerio de Justicia reglamentó la actualización del componente sexo en el Registro Civil mediante el Decreto 0732 de 2026, mientras que el Ministerio de Cultura incorporó de manera transversal los enfoques de diversidad sexual y de género en sus programas de transformación cultural.
Los avances no lograron detener la violencia
Pese a estos desarrollos, la realidad de los territorios mostró otra cara del país.
Entre 2022 y 2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo documentó 793 asesinatos de personas LGBTIQ+, más de 5.000 amenazas y un incremento sostenido de las agresiones contra personas con experiencias de vida trans. Estas cifras evidencian que el fortalecimiento institucional no logró traducirse en una disminución sostenida de la violencia por prejuicio y que la brecha entre el reconocimiento jurídico y la garantía material de derechos continúa siendo uno de los principales desafíos del Estado colombiano.
A ello se suma una agenda legislativa inconclusa. Durante este gobierno no fue posible aprobar iniciativas históricas como la Ley “Nada que Curar”, destinada a prohibir las prácticas de conversión o ECOSIEG, ni la Ley Integral Trans, dos reformas ampliamente respaldadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
También persisten desafíos en materia de acceso a la justicia. Aunque la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo fortalecieron el reconocimiento institucional de la violencia por prejuicio, continúan siendo insuficientes los avances en investigación, judicialización y reparación integral para las víctimas.
Un liderazgo que también se proyectó hacia el escenario internacional
El balance del cuatrienio también deja avances en la política exterior colombiana. La diversidad sexual y de género comenzó a ser incorporada como un componente de la acción internacional del Estado mediante el impulso de una Política Exterior Feminista, la incorporación de enfoques de diversidad en la agenda internacional de Mujeres, Paz y Seguridad y el fortalecimiento de la participación de Colombia en escenarios multilaterales para la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
Asimismo, el país avanzó en la incorporación del enfoque de género y diversidad en instrumentos relacionados con la construcción de paz y la cooperación internacional, consolidando una política exterior más coherente con los estándares internacionales de igualdad y no discriminación.
El principal desafío del gobierno de Abelardo de la Espriella
Con la llegada del nuevo gobierno, el debate ya no gira alrededor de lo que deja la administración saliente, sino de la capacidad del Estado para preservar los avances alcanzados.
Caribe Afirmativo hace un llamado al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para que garantice el cumplimiento del principio constitucional de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, reconocido por la Constitución Política, la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los derechos de las personas LGBTIQ+ no constituyen concesiones políticas sujetas a la voluntad de cada gobierno, sino obligaciones permanentes del Estado colombiano.
En ese sentido, la organización espera que la nueva administración garantice la continuidad del CONPES 4147, fortalezca el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+, preserve la institucionalidad creada para las diversidades y asegure los recursos necesarios para implementar las políticas públicas construidas durante los últimos años.
Igualmente, será indispensable mantener y fortalecer los protocolos de inclusión adoptados por las entidades públicas, consolidar las rutas de atención frente a la violencia y garantizar la continuidad de avances técnicos como la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans, basada en evidencia científica y orientada a eliminar las barreras de acceso a la salud.
Caribe Afirmativo también advierte sobre riesgos que podrían afectar los avances alcanzados durante las últimas décadas. La organización expresa su preocupación frente al eventual posicionamiento de discursos de odio desde escenarios de poder que puedan legitimar la discriminación o incrementar los riesgos para personas LGBTIQ+; frente a posibles afectaciones al principio de laicidad del Estado, indispensable para garantizar políticas públicas sustentadas en la Constitución y la evidencia científica; y frente a eventuales retrocesos en materia de educación inclusiva, reconocimiento de la diversidad sexual y de género en los entornos escolares y mantenimiento de los protocolos institucionales de inclusión.
El país no puede permitir que los avances alcanzados en materia de igualdad se conviertan en conquistas transitorias sujetas a los cambios de gobierno. La democracia constitucional exige que los derechos humanos continúen ampliándose y fortaleciéndose, nunca retrocediendo.
Más allá de las diferencias políticas propias de toda sociedad democrática, el desafío del nuevo gobierno será demostrar que la dignidad, la igualdad y la vida de las personas LGBTIQ+ constituyen un compromiso permanente del Estado colombiano y no una agenda circunstancial de una administración específica.