12 de noviembre de 2026. El máximo tribunal de apelación de Trinidad y Tobago derogó una legislación de la época colonial que penalizaba la homosexualidad. El Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres, decidió por unanimidad, con un panel de cinco jueces, que la Ley de Delitos Sexuales de 1986 no puede utilizarse para enjuiciar relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos del mismo sexo. El fallo establece que los artículos 13 y 16 de esa ley no tipifican como delito dichas relaciones.
La norma tenía origen en una ley de 1925 que el Imperio británico introdujo en el país. Bajo la legislación vigente, la “sodomía” se castigaba con hasta cinco años de prisión. Se trata de un legado colonial que durante más de un siglo condicionó la vida, la privacidad y la libertad de las personas LGBTIQ+ de ese país.
El caso fue presentado en 2017 por el activista Jason Jones. Jones obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior en 2018, pero el Tribunal de Apelación la anuló en 2025. Tras ese revés, el activista y sus abogados llevaron el caso ante el Consejo Privado, que desestimó el recurso del Estado y confirmó su derecho a mantener relaciones consentidas en privado sin ser tratado como delincuente.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la decisión como un hito para los derechos humanos y la igualdad, y llamó a los demás Estados del Caribe a despenalizar las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Estas relaciones siguen siendo delito en Granada, Jamaica y San Vicente y las Granadinas.
Desde Caribe Afirmativo celebramos esta decisión como un avance de derecho para las personas LGBTIQ+ del Caribe, una región con la que compartimos territorio, historia y luchas. Ninguna persona debe ser perseguida, estigmatizada o criminalizada por a quién ama.
